Peligra inversión en zonas rurales de la Región Metropolitana por restricción en fondo presupuestario
Los alcaldes de las 18 comunas rurales que integran la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR), junto con el gobernador regional Claudio Orrego, lanzaron una fuerte advertencia: la actual formulación del presupuesto nacional pone en riesgo proyectos esenciales en sus territorios. El motivo: la limitación impuesta al Fondo de Apoyo Regional (FAR).
Según los dirigentes rurales, una modificación legal reciente (Ley 21.692) ha restringido el uso del FAR exclusivamente a proyectos de transporte. Esta restricción, dicen, impide financiar otras iniciativas históricamente prioritarias en sus comunas, como:
- Salud primaria
- Agua potable rural
- Iluminación
- Seguridad local
- Infraestructura comunitaria (veredas, equipamientos)
Para ellos, esto representa una pérdida de la flexibilidad del fondo, lo que vulnera el desarrollo equilibrado entre la zona urbana y la rural dentro de la Región Metropolitana.
Los alcaldes y el gobernador Orrego hicieron un llamado explícito al Ejecutivo y al Parlamento para que se apruebe una glosa presupuestaria que recupere el “espíritu original” del FAR. Según ellos, esto permitiría una inversión “amplia, flexible y equitativa” para las comunas rurales.
Orrego, por su parte, criticó que la restricción actual genera un impacto desproporcionado: aunque solo el 14 % de la población de la RM vive en zonas rurales, el presupuesto del FAR exige que un 30 % de los recursos se destine únicamente a transporte.
El gobernador también mencionó que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) autorizó una norma transitoria para imputar al FAR algunas inversiones que no están directamente relacionadas con transporte, lo que —dijo— evidencia la inconsistencia de la normativa actual.
Rodrigo Contreras, presidente de la AMUR, reafirmó que recuperar la flexibilidad del fondo es clave para atender los múltiples rezagos que enfrentan sus comunidades. “No existe otra manera de generar igualdad y equidad territorial […] sino a través de la utilización de estos fondos como se ha hecho históricamente”, declaró.
Por su parte, en el mundo político la petición ha encontrado respaldo transversal. Según Mediabanco, alcaldes rurales de distintos partidos y el propio Orrego coinciden en que la actual normativa es injusta desde el punto de vista técnico y social.
Este reclamo se enmarca en otras demandas por mayor equidad territorial dentro de la RM. Hace algunos meses, dirigentes rurales ya habían señalado brechas en infraestructura y servicios básicos, y habían pedido una mayor autonomía para administrar sus recursos presupuestarios.
Al mismo tiempo, la región ha sido protagonista de nuevas leyes para facilitar proyectos sociales: la Ley 21.688 facilita la ejecución de iniciativas rurales en agua potable y saneamiento, entre otros.
