Nueva Ley de Autorizaciones Sectoriales reduce trámites entre 30 % y 70 % para proyectos de inversión
Conoce todos los detalles aquí.
El Estado chileno ha dado un paso importante en la modernización regulatoria con la promulgación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), que busca simplificar y acelerar los permisos que requieren los proyectos de inversión pública y privada. Esta normativa busca generar mayor certeza, reducir la burocracia y favorecer un entorno más competitivo para el desarrollo.
La ley fue publicada en el Diario Oficial el pasado 29 de septiembre de 2025 y entra formalmente en vigencia. Su objetivo es reducir los tiempos de tramitación de permisos sectoriales entre 30 % y 70 % para la mayoría de los casos, y 50 % para proyectos estratégicos.
Este proyecto abarcará 380 permisos sectoriales, involucrando 37 servicios y 16 ministerios, además la norma contempla la modificación de más de 40 cuerpos legales sectoriales, para homologar sus exigencias con el nuevo marco regulatorio.
Principales mecanismos y herramientas:
- Tramitación paralela de permisos: se elimina la exigencia de que ciertos permisos se otorguen en cadena, permitiendo que distintos servicios tramiten al mismo tiempo.
- Técnicas habilitantes alternativas (THA): en casos de menor riesgo, se podrá utilizar declaración jurada o avisos en lugar de autorización previa, con fiscalización ex post.
- Silencio administrativo: se da certeza al solicitante en casos donde los plazos legalmente establecidos se excedan.
- Plataforma SUPER (ventanilla única digital): un punto digital de ingreso y seguimiento de todas las solicitudes de autorizaciones sectoriales.
- Instancia técnica especializada: se crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión en el Ministerio de Economía, junto a mesas regionales de coordinación.
Con esta nueva normativa, se espara que se reduzcan los sotros financieros de ciertos proyectos, se acorten los plazos de tramitación, se fomenten las inversiones regionales y se potencien sectores como energía, minería, iniciativas sociales y privadas de menor escala, entre otras.
También se busca agilizar proyectos como jardines infantiles, obras públicas, ampliaciones de establecimientos, etc, sin sacrificar estándares como la evaluación ambiental (EIA) y los requisitos técnicos.
La implementación operativa de todos los mecanismos será gradual y requerirá reglamentos secundarios, capacitación institucional y coordinación entre servicios. Se deberá asegurar que los plazos máximos se respeten, que existan sanciones claras y que no se generen nuevos cuellos de botella internos.
Al reducir significativamente los tiempos de tramitación y modernizar la arquitectura regulatoria, se abren nuevas oportunidades en el país para acelerar el desarrollo económico, territorial y social, siempre con estándares de protección. Su éxito dependerá de una implementación efectiva, coordinación institucional y monitoreo constante.
