Nueva Ley de Autorizaciones Sectoriales reduce trámites entre 30 % y 70 % para proyectos de inversión
El Estado chileno ha dado un paso importante en la modernización regulatoria con la promulgación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), que busca simplificar y acelerar los permisos que requieren los proyectos de inversión pública y privada. Esta normativa busca generar mayor certeza, reducir la burocracia y favorecer un entorno más competitivo para el desarrollo.
La ley fue publicada en el Diario Oficial el pasado 29 de septiembre de 2025 y entra formalmente en vigencia. Su objetivo es reducir los tiempos de tramitación de permisos sectoriales entre 30 % y 70 % para la mayoría de los casos, y 50 % para proyectos estratégicos.
Este proyecto abarcará 380 permisos sectoriales, involucrando 37 servicios y 16 ministerios, además la norma contempla la modificación de más de 40 cuerpos legales sectoriales, para homologar sus exigencias con el nuevo marco regulatorio.
Principales mecanismos y herramientas:
- Tramitación paralela de permisos: se elimina la exigencia de que ciertos permisos se otorguen en cadena, permitiendo que distintos servicios tramiten al mismo tiempo.
- Técnicas habilitantes alternativas (THA): en casos de menor riesgo, se podrá utilizar declaración jurada o avisos en lugar de autorización previa, con fiscalización ex post.
- Silencio administrativo: se da certeza al solicitante en casos donde los plazos legalmente establecidos se excedan.
- Plataforma SUPER (ventanilla única digital): un punto digital de ingreso y seguimiento de todas las solicitudes de autorizaciones sectoriales.
- Instancia técnica especializada: se crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión en el Ministerio de Economía, junto a mesas regionales de coordinación.
Con esta nueva normativa, se espara que se reduzcan los sotros financieros de ciertos proyectos, se acorten los plazos de tramitación, se fomenten las inversiones regionales y se potencien sectores como energía, minería, iniciativas sociales y privadas de menor escala, entre otras.
También se busca agilizar proyectos como jardines infantiles, obras públicas, ampliaciones de establecimientos, etc, sin sacrificar estándares como la evaluación ambiental (EIA) y los requisitos técnicos.
La implementación operativa de todos los mecanismos será gradual y requerirá reglamentos secundarios, capacitación institucional y coordinación entre servicios. Se deberá asegurar que los plazos máximos se respeten, que existan sanciones claras y que no se generen nuevos cuellos de botella internos.
Al reducir significativamente los tiempos de tramitación y modernizar la arquitectura regulatoria, se abren nuevas oportunidades en el país para acelerar el desarrollo económico, territorial y social, siempre con estándares de protección. Su éxito dependerá de una implementación efectiva, coordinación institucional y monitoreo constante.
