Tribunal rechaza prisión preventiva en caso ProCultura y deja a imputados con arraigo nacional
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó este martes no aplicar prisión preventiva a los imputados vinculados al denominado Caso ProCultura, una investigación por presunto fraude al Fisco que involucra recursos públicos y proyectos adjudicados por la fundación investigada.
La Fiscalía Regional de Antofagasta había solicitado la medida cautelar más gravosa, argumentando la gravedad del delito y el peligro de fuga de los acusados. Sin embargo, el magistrado Patricio Álvarez concluyó que los antecedentes presentados por el Ministerio Público no acreditan suficientemente la existencia de delitos ni el riesgo que justificaría prisión preventiva.
Los principales imputados beneficiados con la resolución judicial son:
- Alberto Larraín
- María Constanza Gómez
- Evelyn Magdaleno
- María Teresa Abusleme
Todos ellos quedaron en libertad, aunque con la medida cautelar de arraigo nacional, lo que les prohíbe salir del país mientras se desarrolla la investigación. Además, el tribunal desestimó la solicitud de arresto domiciliario total, otra medida solicitada por la Fiscalía en la audiencia.
El juez también fijó un plazo de 90 días para la investigación del caso, periodo en el cual el Ministerio Público deberá reunir más antecedentes para sustentar posibles imputaciones penales adicionales.
El Caso ProCultura se refiere a una investigación penal por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de proyectos con financiamiento público. Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía argumentó que existía un posible fraude al Fisco y coordinación entre los imputados para desviar recursos.
Sin embargo, en su resolución el tribunal señaló que la evidencia presentada no demostró con claridad la ocurrencia de delitos ni la existencia de un ánimo concertado para defraudar. La defensa de los imputados destacó que muchos de los proyectos adjudicados eran reales y ejecutados dentro de procedimientos administrativos, aunque puedan ser cuestionables desde el punto de vista técnico.
Tras la decisión, representantes legales de los imputados valoraron que la resolución reconozca la falta de antecedentes sólidos para justificar medidas cautelares más gravosas, mientras que la Fiscalía informó que evaluará los pasos a seguir frente al fallo, incluyendo posibles apelaciones.
