Tras 10 años de investigación, tribunal absuelve a todos los acusados del Caso SQM
Después de más de una década de diligencias por parte del Ministerio Público y cerca de tres años de juicio oral, el martes 22 de octubre de 2025 el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó el veredicto en el Caso SQM, absolviendo a los ocho imputados del proceso.
Entre los acusados figuraban el exsenador y exministro de Economía Pablo Longueira (UDI), el empresario y exgerente general de la SMQ Patricio Contesse, y el candidato presidencial Marco Enríquez‑Ominami, junto a otros cinco colaboradores.
La investigación imputaba a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y a sus directivos la realización de aportes políticos y emisión de boletas/facturas ideológicamente falsas para financiar campañas entre 2008-2014, por un monto estimado de USD 14,7 millones según la fiscalía.
Los cargos incluían cohecho, soborno y delitos tributarios.
En la lectura del fallo, la magistrada Presidenta de la Sala, María Teresa Barrientos, señaló que la Fiscalía no logró acreditar más allá de toda duda razonable los delitos imputados, fundamentando que:
- La prueba presentada era deficiente en varios puntos.
- Se vulneró el derecho a un plazo razonable para ser juzgado debido a la excesiva duración del proceso.
La investigación, que se extendió más de 10 años (algunos medios indican hasta 11), se constituyó en el más largo proceso penal de su tipo tras la Reforma Procesal Penal.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) manifestaron que “el tiempo le dio la razón a Longueira” y cuestionaron el actuar de la Fiscalía, calificándolo de arbitrario. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) expresó que la resolución “deja la sensación de impunidad”, criticando que tras tantos años de investigación no se haya logrado una condena.
Por un lado, ejemplifica la fortaleza del principio de inocencia y la exigencia de que el Estado acredite los delitos. Por otro, plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema penal en casos de alta complejidad y poder político-económico: para muchos, es una muestra de que las investigaciones largas no aseguran justicia para los ciudadanos. Se cuestiona también el uso de recursos públicos y humanos en un proceso que no derivó en culpables, lo que alimenta el descontento social respecto a la percepción de impunidad.
