Justicia revoca prisión preventiva de Ángela Vivanco y decreta arresto domiciliario

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió revocar la prisión preventiva que cumplía la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y reemplazarla por las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. La decisión le permitirá abandonar el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde permanecía recluida desde fines de enero.

Vivanco es investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la denominada «Trama Bielorrusa», causa que indaga presuntas irregularidades vinculadas al litigio entre el Consorcio Belaz Movitec (CBM) y Codelco. La Fiscalía sostiene que habría favorecido a la empresa mediante resoluciones judiciales mientras integraba la Corte Suprema.

La resolución fue adoptada por la Corte de Apelaciones tras revisar un recurso presentado por la defensa de la exmagistrada, que cuestionó la necesidad de mantener la medida cautelar más gravosa. Según su representación legal, Vivanco no constituye un peligro para la investigación ni para la seguridad de la sociedad.

Entre los antecedentes expuestos se consideraron aspectos personales, familiares y de salud, además de la extensa permanencia de la exjueza en prisión preventiva.

La exintegrante de la Corte Suprema se encontraba en prisión preventiva desde el 30 de enero de 2026, luego de ser formalizada por la Fiscalía. Con la nueva resolución judicial, deberá permanecer en su domicilio mientras continúa la investigación penal en su contra.

Vivanco se convirtió en una de las figuras centrales del denominado Caso Audios y posteriormente de la «Trama Bielorrusa», investigaciones que derivaron en su destitución de la Corte Suprema y en una acusación constitucional aprobada por el Senado.

Aunque la Corte modificó la medida cautelar, la causa penal sigue en desarrollo. El Ministerio Público mantiene las imputaciones por presuntos delitos de corrupción y continuará reuniendo antecedentes para determinar eventuales responsabilidades penales.

La decisión judicial marca un nuevo giro en uno de los casos más emblemáticos que han afectado al Poder Judicial chileno en los últimos años.