Gobierno impulsa medida para identificar y expulsar migrantes irregulares mediante datos de Fonasa, hospitales y colegios

El Gobierno presentó una nueva indicación legislativa que obligaría a instituciones públicas y privadas de salud, educación y previsión social a entregar información de migrantes irregulares al Servicio Nacional de Migraciones, con el objetivo de facilitar procesos de identificación y expulsión administrativa en Chile.

La propuesta fue expuesta por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión del proyecto que busca perfeccionar las expulsiones administrativas en la comisión de Gobierno del Senado. Según la iniciativa, organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles deberán proporcionar antecedentes cuando sean requeridos por la autoridad migratoria.

Entre los datos que podrían ser solicitados figuran domicilio, teléfono, correo electrónico y otros antecedentes personales de extranjeros que mantengan procedimientos migratorios en curso. El Ejecutivo sostiene que la medida permitirá fortalecer la fiscalización y acelerar expulsiones de personas que permanezcan en el país de manera irregular.

Desde el Gobierno señalaron además que la iniciativa busca detectar posibles incumplimientos laborales y mejorar el control del impacto de la migración irregular sobre servicios públicos como salud y educación.

El senador Andrés Longton respaldó la propuesta y afirmó que los antecedentes recopilados permitirán “acelerar procesos de expulsión” y reforzar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

La medida forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente José Antonio Kast, quien durante esta semana defendió los cambios anunciados en materia de control fronterizo y expulsiones administrativas.