Funcionarios del Hospital Base de Osorno imputados por torturas pasan de prisión preventiva a arresto domiciliario
En una audiencia celebrada recientemente, la justicia modificó la medida cautelar contra cuatro exfuncionarios del Hospital Base de Osorno —ubicado en la Región de los Lagos— que estaban en prisión preventiva por su vinculación en un grave caso de torturas laborales.
Según reporta la fiscalía de Río Negro, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020, cuando estos profesionales del área informática del establecimiento hospitalario habrían cometido actos reiterados de tortura, tratos denigrantes, agresiones físicas y verbales contra un colega que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, la víctima habría sido expuesta a la divulgación de información e imágenes privadas en redes sociales, lo que generó un severo impacto en su vida personal y profesional.
La evaluación de los nuevos antecedentes, en conjunto con el estado de salud de uno de los acusados —quien requería procedimientos médicos— motivó al tribunal a aceptar la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario total para los cuatro imputados.
Aunque dejaron la cárcel, los imputados enfrentarán una serie de medidas cautelares estrictas:
- Arraigo nacional
- Prohibición absoluta de contactar o acercarse a la víctima y sus familiares
- Otras restricciones establecidas por la investigación
La fiscal a cargo, Ana María Díaz, señaló que la medida menos gravosa «permite avanzar en las diligencias sin inconvenientes», pues el arresto domiciliario garantiza el desarrollo del proceso judicial sin el obstáculo que representaba la prisión preventiva. El abogado defensor, Juan Carlos Claret, por su parte, argumentó que «nuevos antecedentes desvirtúan la necesidad de mantener la presentación en prisión».
El expediente detalla que los imputados, pertenecientes a la unidad informática del hospital, habrían sometido reiteradamente al colega con TEA a situaciones humillantes, agresiones físicas y verbales y exposición de su información personal. El ambiente laboral del afectado se deterioró gravemente, generando consecuencias en su bienestar y desempeño.
Este hecho visibiliza la necesidad de generar mecanismos de protección más efectivos para personas con discapacidad en entornos laborales y de salud, así como reforzar la fiscalización y sanción de conductas de tortura y maltrato en instituciones públicas.
