Defensoría de la Niñez denuncia “regresión grave” tras eliminación del financiamiento del PAIG en el Presupuesto 2026
La Defensoría de la Niñez rechazó con fuerza la decisión del Congreso Nacional de Chile de excluir del Presupuesto 2026 los fondos destinados al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), señalando que la medida constituye una “regresión grave” en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme.
Según la institución, la eliminación del financiamiento del PAIG vulnera el principio de progresividad y la prohibición de regresión establecidos en la Ley 21.430, así como el mandato de la Ley 21.120 de Identidad de Género, que exige al Estado garantizar un acompañamiento biopsicosocial profesional para niños, niñas y adolescentes transgénero o de género no conforme.
La Defensoría recuerda que no se trata de una medida discrecional: el PAIG fue avalado técnicamente por una mesa de expertos del propio Congreso, que recomendó su mantención, fortalecimiento y aseguramiento de recursos estables. Su supresión, advierten, no corrige debilidades sino que elimina del todo el acceso al acompañamiento especializado.
La organización advierte que la decisión deja a muchos niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad: muchos enfrentan discriminación, violencia, estigmatización, y altos riesgos para su salud mental. Suprimir el programa significa exponerlos a un futuro con menos protección estatal.
Por ello, la Defensoría de la Niñez hace un llamado urgente al Congreso y al Ejecutivo para revertir la decisión. Según su declaración pública, debe priorizarse la garantía de derechos fundamentales sobre opiniones polarizadas.
La eliminación del financiamiento llega en un contexto de fuerte debate político y social sobre los derechos de niños y adolescentes trans/género no conforme, luego de que en 2025 una parte del Parlamento cuestionara el PAIG y solicitara auditorías.
Para la Defensoría, este recorte no solo afecta políticas de inclusión: implica un retroceso institucional incompatible con compromisos nacionales e internacionales sobre derechos humanos.
La decisión también genera incertidumbre en familias y personas beneficiarias, y abre un debate sobre cómo el Estado abordará la salud mental, protección y derechos de infancia trans en adelante.
La Defensoría de la Niñez advierte que persistir en la exclusión del PAIG implica asumir la responsabilidad de un retroceso “evitable y jurídicamente incompatible”. Instan al Congreso y al Ejecutivo a restablecer con urgencia el presupuesto del programa, garantizando recursos estables y un acompañamiento digno para niños, niñas y adolescentes trans. El futuro de políticas de protección a la infancia trans depende, dicen, de una decisión informada, técnica y con perspectiva de derechos.
