Experta en migración advierte que propuesta de corredor humanitario impulsada por Kast “genera espacios de espera que vulneran derechos”
La propuesta del presidente electo José Antonio Kast de establecer un corredor humanitario para abordar la crisis migratoria en Chile ha generado un intenso debate político y académico, luego de que expertos señalaran posibles efectos adversos sobre los derechos de las personas migrantes.
Kast planteó la idea de coordinar con países vecinos —como Perú, Ecuador y Argentina— la creación de un corredor que facilite el retorno de personas migrantes en situación irregular a sus países de origen, especialmente venezolanos, como parte de su estrategia para enfrentar la migración irregular en la región.
Sin embargo, la iniciativa fue cuestionada por Daisy Margarit, directora del Magíster en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (IDEA Usach), en una entrevista con el programa Línea 1 de Radio y TV Usach. Desde una perspectiva crítica, la académica advirtió que, aunque el término “corredor humanitario” evoca una solución de carácter asistencial, su implementación en este contexto podría terminar creando “espacios de espera” que también vulneran derechos humanos fundamentales.
La experta explicó que, si bien estas medidas buscan organizar y facilitar la movilidad de las personas migrantes, existe el riesgo de que se transformen en mecanismos que restringen la libertad de movimiento en lugar de garantizarla, afectando el derecho humano a la movilidad reconocido internacionalmente.
Margarit subrayó además que no es necesariamente viable importar modelos de corredores humanitarios usados en otras regiones —como Europa— sin considerar las particularidades de América Latina, donde las condiciones geográficas, las rutas migratorias y los contextos socioeconómicos son considerablemente distintos.
El debate se da en medio de gestiones diplomáticas de Kast en Sudamérica para avanzar en su propuesta migratoria, con reuniones realizadas en Buenos Aires y Quito, y conversaciones con mandatarios y altos funcionarios de la región sobre coordinación en materia de migración irregular y seguridad regional.
Expertos y organizaciones de derechos humanos han señalado que cualquier política migratoria debe equilibrar la necesidad de orden y gestión con el respeto irrestricto de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes, evitando medidas que puedan generar situaciones de espera prolongada que limiten libertades básicas.
