Contraloría detecta irregularidades en convenio entre GORE Maule y Municipalidad de Vichuquén
La Contraloría Regional del Maule informó sobre diversas irregularidades en la ejecución y rendición de recursos correspondientes a un convenio entre el Gobierno Regional (GORE) del Maule y la Municipalidad de Vichuquén, destinado a un programa de fortalecimiento del emprendimiento local.
Se trata de un convenio, firmado en junio de 2024, que implicó la transferencia de aproximadamente $299 millones para la realización de ferias de emprendimiento y actividades culturales. Sin embargo, la Contraloría detectó una serie de irregularidades, entre las que destacan:
- Falta de aprobación del Concejo Municipal: Las ferias “Feria de emprendimiento del lago 2024”, “Feria de la chilenidad Vichuquén 2024” y “Feria de la chilenidad Llico 2024” fueron adjudicadas sin la aprobación previa del Concejo, incumpliendo el requisito legal para contratos que superan las 500 UTM.
- Ausencia de boleta de garantía: El proveedor adjudicado no presentó la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, requisito esencial para asegurar la correcta ejecución del acuerdo.
- Deficiente rendición de gastos: De los $294 millones transferidos entre julio de 2024 y febrero de 2025, solo se rindieron $27 millones, quedando sin justificar más de $267 millones. Además, dos rendiciones fueron presentadas fuera del plazo establecido de 15 días hábiles.
Tras conocerse estos antecedentes, la Contraloría Regional del Maule instruyó a la Municipalidad de Vichuquén remitir en un plazo de 15 días el decreto que dio origen al sumario administrativo para investigar responsabilidades. También solicitó regularizar la aprobación de contratos y adquisiciones que igualen o superen las 500 UTM ante el Concejo Municipal, además de justificar documentalmente cualquier trato directo excepcional.
Luego de estas observaciones el GORE Maule tendrá un plazo de 60 días hábiles para revisar las rendiciones de gastos, informar sobre montos aprobados, rechazados y restituidos, y definir medidas en caso de recursos no devueltos.
Este informe reafirma la necesidad de mantener estrictos estándares de transparencia y control en la administración de recursos públicos, especialmente en programas que impactan directamente a las comunidades locales.
