En una sesión reciente, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó varios artículos clave de la reforma a la Ley Ricarte Soto, impulsada por el gobierno con el fin de optimizar el sistema de protección financiera para los tratamientos de alto costo.
La titular del Ministerio de Salud de Chile, Ximena Aguilera, señaló que «estas medidas … son para cautelar un uso más eficiente de los recursos y estar seguros de que se están destinando a tratamientos que superan el umbral de alto costo y que son seguros y eficaces».
Entre los tres puntos fundamentales que avanzaron destacan:
- El fortalecimiento de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, ampliando sus atribuciones para advertir al Ministerio de Salud cuando un tratamiento o diagnóstico originalmente considerado de alto costo baje del umbral legal o cuando aparezca nueva evidencia científica que ponga en duda su seguridad o eficacia.
- La facultad del Ministerio de Salud para actualizar el precio de tratamientos y diagnósticos de alto costo de forma ágil, lo que permitirá generar un potencial ahorro en el fondo de la Ley Ricarte Soto.
- El perfeccionamiento de la Comisión de Recomendación Priorizada, mejorando su conformación y funcionamiento para fortalecer la toma de decisiones.
En cuanto a las modificaciones más amplias del proyecto, se contempla:
- Reducción del número de integrantes de la Comisión de Recomendación Priorizada de 14 a 7 miembros, habilitando además sesiones remotas con quórum mínimo de 5 integrantes, actualización de normas sobre declaración de intereses y el establecimiento de dietas para los comisionados.
- Inclusión del Ministerio de Salud en la elaboración del informe de sustentabilidad, aumento del límite de recursos del fondo del 80 % al 90 %, y posibilidad de modificaciones con neutralidad financiera.
- Establecimiento de plazos para la publicación y actualización del Precio Máximo Industrial (PMI), así como modificación del mismo ante cambios en el mercado.
- Un aumento en el aporte fiscal anual, pasando de 100.000 millones de pesos a 185.000 millones de pesos.
- Regulación clara del traspaso de tratamientos del Sistema de Protección Financiera al Garantías Explícitas de Salud (GES), con procedimientos establecidos para casos donde los tratamientos pierdan los requisitos necesarios.
Desde la entrada en vigencia de la Ley Ricarte Soto, la demanda por terapias de alto costo ha aumentado de forma significativa, muchas de ellas con precios que exceden el fondo disponible actualmente. Ante este escenario, la reforma busca asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos.
Estos avances en la Comisión de Salud representan un paso significativo hacia la aprobación del proyecto, pero aún deben completarse los trámites legislativos correspondientes antes de convertirse en ley. Será clave que las modificaciones sean implementadas de manera efectiva para garantizar los objetivos de cobertura, eficiencia y transparencia.
