Avanza proyecto que permitiría levantar secreto bancario de autoridades en caso de operaciones sospechosas
El Congreso Nacional está avanzando en la tramitación de un proyecto de ley que facultaría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para solicitar el levantamiento del secreto bancario de autoridades públicas en situaciones donde se detecten operaciones financieras sospechosas. Esta medida busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, permitiendo un acceso más expedito a información clave para las investigaciones.
La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para crear un Subsistema de Inteligencia Económica que permita al Estado identificar y desarticular redes delictivas que operan a través del sistema financiero. El proyecto ha sido respaldado por diversos sectores del gobierno, incluyendo al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha enfatizado la importancia de contar con mecanismos ágiles para el levantamiento del secreto bancario en investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
A pesar del respaldo gubernamental, la propuesta ha generado controversia en algunos sectores. La diputada Gloria Naveillán expresó su preocupación por la falta de consenso dentro del oficialismo, señalando que existen versiones contradictorias sobre la implementación de esta medida.
Además, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha emitido observaciones al proyecto, advirtiendo que la redacción actual podría excluir ciertos tipos de operaciones, como préstamos y el uso de tarjetas de crédito y débito, de las cuales se podría acceder a información en caso de movimientos sospechosos.
El proyecto continúa su tramitación en el Congreso, donde se espera que se realicen ajustes para abordar las preocupaciones planteadas por diversos actores. La discusión se centra en equilibrar la necesidad de combatir el crimen organizado con la protección de los derechos fundamentales de las personas, incluyendo la privacidad financiera.
Esta iniciativa refleja el compromiso del Estado chileno por fortalecer las herramientas de inteligencia económica y mejorar la eficacia en la persecución de delitos financieros complejos.
