Por cohecho y lavado de activos: formalizarán a círculo de Ángela Vivanco
El Ministerio Público formalizará este miércoles en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a tres personas vinculadas al círculo de la exministra de la Corte Suprema de Chile Ángela Vivanco, imputadas por los delitos de cohecho y lavado de activos.
La diligencia responde a la investigación conocida como la “muñeca bielorrusa”, que llevó a la destitución de Vivanco. Entre las personas detenidas figuran: su pareja, el contador Gonzalo Migueles; el exdiputado y abogado Eduardo Lagos; y el abogado Mario Vargas Cociña. Los tres llegaron voluntariamente a las dependencias del OS-7 de Carabineros de Chile, tras órdenes de aprehensión emanadas del tribunal.
Durante la tarde se realizaron allanamientos en la zona oriente de Santiago por instrucción de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y el fiscal SACFI Marco Muñoz Becker, junto con la sección de investigación patrimonial del OS-7.
En los tres inmuebles allanados se incautaron varios dispositivos electrónicos —computadores y teléfonos celulares— que pasarán a análisis forense. Si bien Ángela Vivanco tiene calidad de imputada en la misma causa, su detención requiere primero que se presente una querella de capítulos, ya que al momento de los hechos era integrante de la Corte Suprema y contaba con fuero.
El origen del caso tiene relación con el conflicto entre la estatal Codelco y la empresa bielorrusa Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM): la estatal denunció incumplimiento de contrato en la División El Salvador, lo que derivó en boletas de garantía por US$ 20 millones, maquinaria retenida y finalmente en un fallo de la Corte Suprema que ordenó la devolución de dichas garantías y máquinas en solo seis días —lo que generó cuestionamientos por su celeridad y procedimiento inusual.
Asimismo, en octubre de 2025 se registraron allanamientos simultáneos en las oficinas de los conservadores de Puente Alto y Chillán dentro de otra arista que investiga lavado de activos y delitos de corrupción. En Chillán, el conservador Yamil Najle Alee habría transferido $25 millones a Gonzalo Migueles mediante una sociedad de su propiedad en julio de 2024, apenas dos meses antes de ser nombrado en el cargo.
Este conjunto de hechos plantea serias preguntas sobre la transparencia de los procesos judiciales, la actuación de órganos del Estado y los vínculos entre operadores privados, servicios públicos y el poder político.
