Ángel Valencia rechaza solicitud de remover a la fiscal regional de Los Ríos por el caso Julia Chuñil
En un reciente pronunciamiento, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que no aceptará la solicitud de la familia de Julia Chuñil Catricura —dirigente mapuche desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos— para remover a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, y trasladar la investigación a otra fiscalía.
Julia Chuñil, de 73 años, fue vista por última vez en el sector Huichaco de Máfil. Su desaparición motivó la apertura de una causa compleja, en la que han surgido denuncias por filtraciones de antecedentes, cuestionamientos a la investigación, y una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena al Estado de Chile reforzar la búsqueda y protección de la familia.
La familia, a través de las abogadas Carmen Caifil, Karina Riquelme y Mariela Santana, denunció que la fiscalía regional ha cometido numerosas irregularidades: filtración de diligencias reservadas, falta de entrega de información a la familia, y supuesta falta de objetividad en la investigación.
Valencia señaló que la fiscal regional “cuenta con todo el apoyo de la Fiscalía Nacional para esclarecer los hechos” y rechazó los argumentos de la familia, calificándolos como “inconsistentes” y afirmando que la solicitud de traslado de la causa no tiene base suficiente.
Además, indicó que la investigación enfrenta múltiples hipótesis, que aún no se ha encontrado el cuerpo de Chuñil y, por tanto, “no es posible deducir qué ocurrió con ella”. También confirmó que la fiscalía de Los Ríos abrió una indagatoria interna por una eventual filtración de antecedentes reservados en la causa.
La decisión de mantener a la fiscal regional a cargo es relevante porque refuerza la necesidad de evaluar cómo se están cumpliendo las normas de debida diligencia y protección en casos de personas desaparecidas, especialmente cuando se trata de defensores ambientales o integrantes de pueblos originarios, marca una línea institucional sobre la autonomía de las fiscalías regionales frente a solicitudes de traslado por parte de las víctimas o sus familias y genera tensión entre la familia de la desaparecida y el Ministerio Público, lo cual puede afectar la percepción pública de la transparencia del proceso.
