Proyecto de ley de RN, UDI y Evópoli genera polémica por posible beneficio a más de 700 reos graves
El Senado de la República inició el debate de un proyecto de ley impulsado por parlamentarios de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli que plantea la posibilidad de que ciertas personas condenadas a prisión puedan optar por cumplir sus penas en reclusión domiciliaria total si cumplen requisitos específicos.
La iniciativa, promovida por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (Evópoli) y Carlos Kuschel (RN), ha generado una fuerte controversia política y social. El Gobierno ha expresado rechazo, advirtiendo que el texto presenta “falencias técnicas y jurídicas” y podría contravenir tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
Según cifras referidas en el debate, el número de personas que podrían acceder a este beneficio asciende a 735 reos. De ese total, 370 serían condenados por crímenes de lesa humanidad y 365 por delitos comunes, incluidos abusos sexuales, violaciones, homicidios y parricidio.
El texto considera que el beneficio podría aplicarse a personas con enfermedades graves o terminales, aquellos con discapacidades severas o condiciones que hagan su permanencia en prisión “indigna”, así como a personas de edad avanzada (70 años o más en hombres y 65 años o más en mujeres), siempre que la suma de la edad y los años efectivamente cumplidos de condena alcance los 80 años.
La propuesta ha sido criticada ampliamente por sectores políticos y de la sociedad civil, que advierten que podría representar un retroceso en justicia y protección a las víctimas. Organizaciones y legisladores opositores han señalado que permitir tal beneficio incluso para quienes cometieron delitos graves podría significar una señal de impunidad.
El debate legislativo seguirá en el Congreso, con opiniones divididas sobre el equilibrio entre derechos humanos, justicia y seguridad pública.
