Ex cónsul en Sídney denuncia maltrato laboral y acoso en Cancillería amparado por Ley Karin
El ex cónsul chileno en Sídney, Sebastián Canales, interpuso una denuncia por Ley Karin contra altos funcionarios de la Cancillería, acusando malos tratos, hostigamiento laboral y abandono institucional durante su gestión.
Canales afirma que, tras un incidente mediático con una ciudadana chilena, Natalia Pozo, que lo acusó de agresión mientras gestionaba la repatriación de su hijo fallecido, fue víctima de una campaña personal y fue sometido a un sumario administrativo lleno de irregularidades. En su querella presentada ante la justicia, señala que “fueron ellos quienes me agredieron”: según su versión, funcionarios testigos describieron que Pozo lo ahorcó y también golpeó a otra trabajadora presente ese día.
La denuncia se extiende a varias autoridades: Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores; José Juan Hernández, jefe de gabinete; Paulina Valdés, abogada de la subsecretaria; Luis Fernández, fiscal del sumario administrativo; y Marta Bonet, directora de Asuntos Generales de la Cancillería. Canales acusa a todos ellos de conductas reiteradas de “maltrato, hostigamiento, abandono y vulneración de derechos laborales”, que habrían impactado severamente en su salud física y mental.
Entre las condiciones que denuncia, aparece la precariedad de su entorno laboral: jornadas de trabajo que, según él, se extendían “de lunes a domingo, desde las 8:30 hasta más de las 22:00 horas”, sumado a una carencia de seguridad en el consulado de Sídney, con infraestructura deteriorada y apenas una cámara de vigilancia. Ante esto, relata que él mismo gastó recursos personales para reparar y pintar espacios, porque la Cancillería no le otorgaba apoyo.
Otro punto polémico es un cobro retroactivo que le fue imputado por Cancillería: le enviaron una factura de USD 2.956,56 por una visita en 2023 de la diputada Carmen Hertz a Sídney, donde —según Canales— se prefirió transporte privado en lugar de uno público sin que el presupuesto lo permitiera.
Actualmente, el proceso administrativo (sumario) abierto tras los hechos aún no ha mostrado avances. Canales asegura que se ha vulnerado su derecho a defensa: critica la forma en que se ha llevado el sumario, cuestionando su imparcialidad y denuncia trato discriminatorio. Por su parte, la Cancillería ha respondido que ha recibido la denuncia y que evaluará su admisibilidad para luego abrir una investigación formal, asegurando que se actuará con probidad, transparencia e imparcialidad.
Este caso abre un debate complejo sobre la aplicación de la Ley Karin en el ámbito diplomático y sobre la protección que deben tener funcionarios públicos que denuncian hostigamiento, incluso cuando las acusaciones están cruzadas con otras de carácter grave.
