Contraloría detecta millonarias irregularidades en proyectos financiados por el Gobierno Regional de Tarapacá
La Contraloría Regional de Tarapacá dio a conocer resultados de una amplia fiscalización a 66 proyectos financiados mediante transferencias a organizaciones de la sociedad civil, detectando diversas irregularidades en la gestión de recursos públicos por parte del Gobierno Regional de Tarapacá (GORE).
Según el informe N° 510 de 2025, se identificó que $58.362.020 fueron rendidos sin la documentación necesaria que acreditara la ejecución de actividades o la recepción de bienes y servicios. Entre los antecedentes faltantes figuran nóminas de asistentes, actas de entrega y evidencia fotográfica, elementos clave para justificar el uso de fondos públicos.
Principales hallazgos
- Falta de respaldo documental: 32 de las 66 iniciativas revisadas no contaban con actas que acreditaran la realización de las actividades financiadas, incumpliendo con las obligaciones de verificación en terreno.
- Entrega de bienes sin comprobantes: Se detectó la ausencia de documentos que respaldaran la entrega de 14 notebooks, parte del proyecto “Alfabetización digital y uso de comisaría virtual”.
- Proyectos sin rendición de cuentas: Otros montos importantes —como $87 millones sin rendición y $69 millones con saldo pendiente de rendición— fueron identificados.
- Conflictos de interés: Se observaron coincidencias entre directivos de organizaciones beneficiarias y proveedores incluidos en las rendiciones, por un total de más de $50 millones, lo que vulnera normas de concursos de vinculación.
Ante estos antecedentes, la Contraloría ordenó al GORE Tarapacá gestionar la devolución de recursos y presentar los comprobantes contables de reintegro en un plazo establecido, así como elaborar un plan formal de fiscalización en terreno para asegurar una correcta ejecución de proyectos.
El órgano contralor instruyó medidas correctivas y la exigencia de restitución de fondos, advirtiendo que si no se cumple con los procedimientos exigidos, podrían iniciarse acciones legales, incluyendo eventuales responsabilidades administrativas o judiciales.
