Diputado DC propone crear «registro de vándalos» para condenados por delitos económicos

La discusión sobre el proyecto del Gobierno que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades sumó un nuevo capítulo luego de que el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, anunciara una iniciativa paralela destinada a crear un listado especial para personas condenadas por delitos económicos y de corrupción.

La propuesta fue bautizada como “Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata” y busca incorporar a quienes hayan recibido condenas por delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos, cohecho, estafa, administración fraudulenta o colusión.

¿Qué contempla la iniciativa?

Según explicó el parlamentario, el registro sería administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y establecería una serie de restricciones adicionales para quienes figuren en él, similares a las planteadas por el Ejecutivo en su proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades.

Entre las sanciones propuestas se incluyen:

• Impedimento para obtener o renovar pasaporte.
• Restricciones para sacar licencia de conducir.
• Prohibición de integrar directorios de empresas públicas.
• Imposibilidad de participar en licitaciones estatales.
• Limitaciones para acceder a determinados beneficios económicos o tributarios.

Pinilla sostuvo que quienes cometen delitos económicos también generan un daño significativo al país y deben enfrentar consecuencias adicionales más allá de las sanciones penales establecidas por la justicia.

La propuesta surge en medio del debate sobre el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast, iniciativa que busca sancionar conductas consideradas incivilidades o actos vandálicos que afectan la convivencia y el espacio público.

Desde el Gobierno han marcado diferencias entre ambos proyectos. Autoridades del Ejecutivo señalaron que los delitos económicos ya cuentan con una legislación específica y sanciones penales propias, por lo que no consideran incorporarlos al registro que actualmente promueve La Moneda.

La iniciativa abrió una nueva discusión respecto a la igualdad de trato entre distintos tipos de delitos. Desde sectores de oposición sostienen que las medidas propuestas por el Gobierno son especialmente severas con infracciones asociadas al espacio público, mientras que los delitos económicos no enfrentan sanciones administrativas equivalentes.

El proyecto deberá ser ingresado formalmente al Congreso y comenzar su tramitación legislativa, donde se espera un intenso debate sobre el alcance de las sanciones y la definición de quiénes podrían integrar este eventual registro.