Boric critica embargos por deudas del CAE y llama a impulsar un nuevo sistema de financiamiento estudiantil

El expresidente Gabriel Boric volvió al debate público para cuestionar la política de cobros impulsada por el Gobierno respecto a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). A través de una declaración pública, manifestó su rechazo a los embargos y retenciones de fondos que han afectado a miles de personas durante las últimas semanas.

Boric afirmó que las fuerzas progresistas deben actuar para poner fin a estas medidas y retomar la discusión sobre un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior que no implique un endeudamiento prolongado para las familias.

El exmandatario calificó como un “vaciamiento intempestivo” la retención de fondos desde cuentas bancarias de deudores del CAE y sostuvo que estas acciones afectan especialmente a sectores de clase media que ya enfrentan dificultades económicas. Además, cuestionó que exista dureza frente a familias endeudadas mientras, a su juicio, persisten obstáculos para combatir los flujos financieros asociados al crimen organizado.

Boric también instó a reabrir la discusión sobre un sistema de financiamiento universitario distinto al CAE. Durante su administración promovió un proyecto para reemplazar este mecanismo por un nuevo esquema de financiamiento público, iniciativa que no logró avanzar en el Congreso.

Según el exjefe de Estado, la discusión no debe centrarse únicamente en la cobranza de las deudas actuales, sino también en evitar que futuras generaciones deban enfrentar cargas financieras similares para acceder a la educación superior.

Debate político sigue escalando

Las declaraciones de Boric se producen en medio de una creciente controversia por los embargos aplicados a deudores morosos del CAE. En los últimos días, parlamentarios de oposición han impulsado iniciativas para proteger los salarios depositados en cuentas bancarias y limitar los mecanismos de cobranza utilizados por la Tesorería General de la República.

Por su parte, el Gobierno ha defendido la medida argumentando que busca recuperar recursos públicos adeudados y que los procedimientos apuntan principalmente a personas con mayores ingresos y capacidad de pago.