Golpe al plan migratorio del Gobierno: PDI reconoce que es “imposible” expulsar a 6 mil venezolanos
Un nuevo obstáculo complica el plan migratorio del Gobierno encabezado por José Antonio Kast. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) reconoció ante el Senado que actualmente es “imposible” expulsar a cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación irregular en el país.
La situación responde principalmente a la ausencia de relaciones consulares con Venezuela, lo que impide concretar procesos básicos como la identificación de personas o su recepción en el país de origen.
Durante su exposición en la comisión de Gobierno del Senado, el prefecto de Migraciones de la PDI, Ernesto León, fue claro al explicar el bloqueo:
“No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”.
Además, confirmó que las expulsiones hacia Caracas están congeladas desde junio de 2025, lo que ha generado un importante “cuello de botella” en la política migratoria.
Actualmente, existen cerca de 6 mil órdenes de expulsión pendientes solo para ciudadanos venezolanos, una cifra relevante considerando que esta nacionalidad concentra una gran parte de los migrantes irregulares en Chile.
El tema surgió en medio de la discusión del proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país, iniciativa que será votada en general en la sala en los próximos días.
La exposición de la PDI instaló una tensión de fondo: aunque se endurezca el marco legal, la ejecución de expulsiones depende de factores externos, como la disposición de los países de origen.
El reconocimiento de la PDI deja en evidencia los límites prácticos del plan del Ejecutivo, que ha puesto el control migratorio como una de sus principales prioridades.
De hecho, ya se había observado esta dificultad en el primer vuelo de expulsión realizado por el Gobierno, donde no se incluyeron ciudadanos venezolanos, pese a su alta presencia entre los migrantes irregulares.
