Chile al fin traza un rumbo con la Política Nacional de Información Geoespacial
Por años, Chile ha navegado con buenos datos, pero sin una carta de navegación común. Cada Ministerio, Servicio o Municipio generaba su propia información territorial. Hoy, con la Política Nacional de Información Geoespacial (PNIG), el país comienza a corregir esa deriva. Por primera vez tenemos un rumbo claro, con horizonte a 12 años, para ordenar, integrar y aprovechar el conocimiento geoespacial que se produce en todos los rincones del Estado -y también fuera de él.
No se trata de una política pública técnica más. En el fondo, la PNIG redefine cómo Chile toma decisiones: ya no solo con intuiciones o urgencias, sino basado en evidencia. Porque los datos geográficos no son solo puntos en un mapa: son la huella de nuestras desigualdades, de nuestros riesgos y de nuestras oportunidades. Usarlos bien significa anticipar, no solo reaccionar.
En tiempos de crisis climática y transformación territorial, esa capacidad de anticipar es oro puro. Los mapas pueden mostrar, por ejemplo, cómo se expande la vulnerabilidad hídrica, dónde se concentran los asentamientos informales o qué territorios están circunscritos en zonas de riesgo sísmico o de incendio. También, pueden revelar desigualdades ocultas que las estadísticas nacionales diluyen, y permitir que la política pública actúe antes de que sea demasiado tarde.
Pero aquí viene la advertencia: un mapa tiene valor solo si se conecta con una decisión real. No basta con producir información geoespacial de calidad si no influye en la planificación urbana, en la gestión del agua, en la prevención de desastres o en la inversión pública. En Chile, aún hay una distancia incómoda entre quienes generan los datos y quienes deciden con ellos. La PNIG apunta precisamente a cerrar esa brecha, creando un ecosistema nacional de información geográfica, donde la colaboración y la interoperabilidad sean la norma, no la excepción.
La confianza será el combustible de ese ecosistema. Y la confianza, en materia de datos, se construye al compartir: abriendo la información, garantizando su trazabilidad y su uso responsable. Solo así la ciudadanía, las empresas y las universidades podrán aportar a un conocimiento geoespacial habilitado, colectivo, al servicio del bien común.
El desafío, sin embargo, va más allá del Estado. En todo el mundo crecen las redes de información geográfica voluntaria, como OpenStreetMap u Overture Maps Foundation, que mapean barrios, senderos y servicios con la colaboración de miles de personas. Integrar esa energía cívica al sistema nacional sin perder rigor ni coherencia será una de las pruebas más interesantes de los próximos años.
La Política Nacional de Información Geoespacial no es, entonces, un proyecto técnico: es una apuesta política por un Chile que decide mejor porque conoce mejor su territorio. Un país que no solo reacciona ante la emergencia, sino que anticipa el futuro, con datos, con evidencia y con la convicción de que el conocimiento compartido es la forma más sólida de construir confianza.
Por Manuel Fuenzalida / Académico del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado
